viernes, 22 de junio de 2012

EMPRESARIOS DEDICADOS AL RECICLAJE DE METALES SUGIEREN MAYORES CONTROLES AL SECTOR INFORMAL


RECHAZAN LA PROHIBICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Santo Domingo, R.D.- La Asociación Nacional de Metaleros de Republica Dominicana (ASONAMERD), la Asociación de Recicladores y Exportadores Dominicanos (ADOREXDO) la Confederación de Recicladores de Materias Primas (CONFERECICLA), calificaron de atinadas las medidas adoptadas por parte de las autoridades de establecer una vigilancia permanente en los puentes, a la vez que solicitaron extender las medidas de vigilancia a la frontera y otras áreas que ameritan ser reguladas.

Entienden que la solución al problema de la sustracción de metales será posible cuando las autoridades pongan mayor énfasis en trabajar en conjunto con las distintas compañías que ejercen la labor de reciclaje y exportación de metales de forma regulada, lo que facilitará detectar cualquier robo que ocurra y capturar a los responsables.

Se refirieron también al hecho de que empresas que utilizan desperdicios metálicos tales como las fundiciones y los talleres de metal mecánica, no son sometidos a los estrictos controles que tienen los exportadores, tales como las licencias de Medio Ambiente, CEI-RD, CNZFE y las inspecciones permanentes de las autoridades, en especial el Departamento de Inteligencia Aduanera de la DGA, los cuales chequean todos los contenedores que salen del país por las vías legales correspondientes.

Explicaron que el reciclaje es una actividad intrínseca del crecimiento y ciclo económico de una nación, y el renglón de metales forma parte importante de la misma.

 “Si existe algún país que puede darse el lujo (ambiental) de prohibir las exportaciones de metales, es aquel que industrialmente recicla las chatarras porque posee en operación Hornos de Acería, que no es el caso de la República Dominicana”, indicaron las asociaciones.

Asimismo expresaron que las tres instituciones están en la disposición de reunirse con el Congreso de la República, así como con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con el fin de estudiar la modificación del decreto presidencial 334-07 que regula al sector de exportaciones de chatarras,  para establecer penas mas severas contra los que incurren en este delito, así como también ampliar los reglamentos para poder ser exportador de dichos desechos.

Resaltaron que los daños causados a la estructura del puente Duarte, torres eléctricas y otras instalaciones del sector publico y privado, no comprenden solamente el robo de piezas y materiales, sino que tal como lo expuso  el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), licenciado Celso Marranzini, quien dijo que en el caso las torres eléctricas se trató de un “acto de   sabotaje”, y el del Puente Duarte, la Policía Nacional lo calificó de “Terrorismo Urbano”, ambos con el fin de crearle problemas al Estado y a la sociedad dominicana.

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