INJUSTICIA SOCIAL
Santo Domingo, RD.- El presidente de la Asociación Nacional de Metaleros de República Dominicana (ASONAMERD), David Santiago, advirtió que 94,000 empleados de 9 empresas de zona franca, de 32 exportadoras de metales legalmente registradas y de 2,200 centros de acopio serían despedidos de ser aprobado el proyecto de ley que prohíbe por 10 años la exportación de chatarras.De acuerdo a Santiago, tras el cierre de estas empresas serán despedidos de forma masiva unos 8,000 empleados fijos que laboran en las mismas desde hace tiempo, obligados a cerrar sus puertas 1,800 centros de acopios que albergan aproximadamente 31,000 empleados y a los que acuden diariamente unos 54,000 tricicleros clientes de esos negocios.En ese sentido, expresó su preocupación ya que la aprobación de esta iniciativa legislativa aumentaría la tasa de desempleo del país causando un caos social. Dijo que a estas empresas y centros de acopios se desplazan constantemente miles de chóferes de camiones, camionetas, y hasta buzos de los vertederos que sustentan sus familias, recolectando y vendiendo sus chatarras de forma legal. “Actualmente nuestra situación esta bien difícil”, expresó Santiago, quien destacó que el robo de metales que ocurre en el país no está sustentado por las empresas exportadoras que cumplen con todos los requisitos legales, ya que sus chatarras son exportadas tal cual las compran sin experimentar ningún proceso de fundición y están estrictamente vigiladas por la comisión de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, indicó que el proceso de inspección es tan estricto que cuando se comienza a llenar un contenedor de metales para ser exportado y este no es completado el mismo día entonces se procede a sellarlo por los inspectores de Aduanas y al día siguiente envían otro inspector para abrirlo nuevamente y terminar de llenarlo completando de este modo la operación. Santiago dijo que el sector zona franca de exportaciones de chatarras reviste gran importancia para la infraestructura y la economía de República Dominicana, por lo que cree se deben estudiar todos los ángulos del problema del robo de metales antes de aprobar la iniciativa que prohíbe la actividad.Favoreció que se incrementen las penas de cinco a diez años contra los delincuentes que sustraen los metales y que se realice una investigación exhaustiva de estos metales ya que algunos de estos son más lucrativos en el mercado local como es el caso de las tapas de alcantarillado que el precio aproximado cuando es nueva es de RD$7,000 , pero como chatarra es de solo unos RD$70.
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